A las puertas de cumplirse un año desde que en España se decretó por primera vez el Estado de Alarma, la COVID19 sigue siendo la principal fuente de preocupación y destrucción de la economía pública y privada de los países.
Hace casi un año, ya advertíamos en este blog sobre el necesario equilibrio que debería ponderar entre el interés público y la motivación al I+D privado de las compañías farmacéuticas a la hora de patentar la vacuna.
Ya por aquél entonces, varias voces se posicionaban en favor de controlar la patentabilidad de la vacuna (por ejemplo, Médicos Sin Fronteras), otras en favor de la generación de licencias forzosas en todas aquellas solicitudes de patentes relacionadas con la enfermedad (Oficinas alemana, chilena o canadiense de patentes) y otras que apostaban por establecer un precio máximo de las vacunas (Consorcio de Patentes del Medicamento).
A pesar de que, en condiciones normales, el desarrollo de una patente farmacéutica requiere de años de ensayo y error, la gravedad de la situación ha permitido que varias farmacéuticas ya hayan desarrollado la vacuna y registrado su patente. Empresas como Pzifer, Moderna o Oxford:Astrazeneca han solicitado el registro de las patentes sobre la vacuna.
Según un estudio de la BBC, Moderna y Pzifer van a obtener miles de millones de dólares por la venta de sus vacunas patentadas. No obstante, continúa el artículo analizando que la gran mayoría de las vacunas ya desarrolladas han sido financiadas, mayoritariamente, por fondos públicos, por lo que, el margen de beneficio privado, se verá arduamente reducido. Es el caso de Astrazeneca, que al estar financiada casi en un ochenta por ciento por financiación pública, su precio de mercado solo cubre costes.
Por tanto, tristemente, ante la imposibilidad de generar un beneficio amplio, la falta de stock y la “prisa” de los países desarrollados, muchas compañías farmacéuticas están obviando a un gran número de países en vías de desarrollo.
Para luchar por un reparto equitativo de las vacunas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 25 de febrero una resolución que exige precisamente el acceso equitativo a las vacunas.
Para ello el documento se pivota alrededor de tres ideas fundamentales: (i) cese al fuego de los conflictos armados; (ii) financiamiento de la iniciativa COVAX y, (iii) la inclusión de los refugiados en los programas de vacunación.
La Organización Mundial de la Salud ha visto con buenos ojos esta iniciativa, de la que espera que ayude a acelerar el suministro el suministro y distribución de vacunas, especialmente potenciando el sistema COVAX.
COVAX, o Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas de Covid19.
A modo de conclusión, al igual que ya concluíamos en nuestro artículo de abril de 2020, el interés general de toda la población debe ser protegido a toda costa con proyectos como COVAX. Por otro lado, vemos cómo la inversión pública ha sido fundamental para el rápido desarrollo de las vacunas. No obstante, la velocidad también ha sido causada por el desarrollo y cooperación entre entes privados, por lo que, no puede descartarse a la ligera, unos mínimos beneficios para estas.
Alejandro García Martínez